La expansión de la frontera agrícola, la inclusión social y el ordenamiento territorial fueron los tres tópicos que encabezaron la lista de desafíos presentados por referentes de diversas especialidades de los agronegocios argentinos, empresarios agropecuarios y representantes de organizaciones no gubernamentales y medioambientales.

El marco para el debate lo prestó el foro que se realizó en Buenos Aires como parte del VIII Congreso Internacional de Agronegocios PAA-PENSA. En primer lugar, en el cierre de la segunda jornada del evento que se extendió entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre, estuvo coordinado por Gustavo Grobocopatel, presidente del Grupo Los Grobo.

“Hay que producir más, ¿o no?”, lanzó Grobocopatel a fin de iniciar la discusión y completó así el planteo: “La lógica nos lleva a pensar que sí, de hecho hay datos objetivos que dicen que vamos a tener que producir el doble de lo que se produce actualmente en apenas 30 años. El tema es dónde y cómo. Tenemos que producir más, ¿en menos espacio?, ¿de un modo más sustentable?, ¿o es que sólo alcanza cambiando hábitos alimenticios o de consumo?”.

Santiago Lorenzatti, del Grupo Romagnolli, puso sobre la mesa la experiencia de AAPRESID con la Agricultura Certificada como ejemplo de planteo de gestión responsable de los recursos para la producción. Asimismo, subrayó la necesidad de discutir un plan estratégico de largo plazo para el país y en ese sentido, remarcó el papel de la educación como factor fundamental para atravesar todas las cuestiones que hoy preocupan al sector.

De la Cooperativa Agrícola ALFA, Juan Ouwerkerk, propuso producir más alimentos desde el cooperativismo: “crecer con productores es la premisa”, resumió, aunque advirtió que hoy por hoy los productores solos no pueden enfrentar las vicisitudes que se plantean para los agronegocios a nivel global. Destacó la rotación de cultivos como necesaria, pero advirtió que la institucionalidad atenta contra la rotación. “A pesar de que hay trigo que no podemos vender, mantenemos la rotación a rajatabla. No sabemos hasta cuándo se podrá sostener de todos modos”, indicó.

Miguel Gorelik, de Marfrig Quickfood, se manifestó “esperanzado” acerca de la oportunidad de conciliar las necesidades alimenticias del mundo con el cuidado del medio ambiente. “Si queremos alimentar bien a los 7 mil millones de habitantes, el mercado va a tener que intervenir de algún modo”, añadió y puntualizó sobre las posibilidades de que el ganado vacuno de la Argentina vuelva a tomar el rol protagónico, que fue desplazado por la agricultura en franco desarrollo.

Carlos March, de Avina, mostró otro enfoque que enriqueció el debate. ¿Cuál es el rol de la sociedad civil en términos de sustentabilidad e inclusión? “La obligación de la sociedad civil es la de construir institucionalidad porque sin eso no hay margen para buenas prácticas y se abre espacio a la ilegalidad. La sociedad civil necesita al agro, el agro a la sociedad civil. Y todos, necesitan institucionalidad”, sostuvo.

Emiliano Ezcurra, de Banco de Bosques, aportó una mirada crítica sobre la cuestión medioambiental. El mayor problema, a su entender, es el desorden territorial. “Urge un ordenamiento territorial serio y estratégico. Para la sociedad, el medio ambiente y la producción”, disparó.

Un segundo panel de referentes del sector completó el foro el segundo día, apuntando especialmente al tratamiento de la afectación de las reglas de juego formales e informales en la competitividad local y regional.

De la Bolsa de Cereales, Ramiro Costa, presentó una visión general sobre los sistemas de agronegocios de la Argentina y remarcó cómo desde el mercado se dan señales para reforzar la institucionalidad. “Desde el momento en el que se comenzaron a definir los precios de los granos en una pizarra, el mercado buscó institucionalizar los procesos comerciales. Queremos tener instituciones, no creo que busquemos la desinstitucionalización”, indicó.

En tanto, en representación de INIA de Uruguay, José Silva, subrayó la necesidad de crear un marco jurídico y de derecho para la problemática de la propiedad intelectual y, al mismo tiempo, añadió como ítem igual de importante la defensa de dicho marco. “La gestión de los derechos de propiedad intelectual contribuye a fortalecer la transferencia de tecnología”, subrayó.

Por su parte, Gustavo Grobocopatel, presidente del Grupo Los Grobo, quien también participó del último panel como disertante, consideró a las instituciones como un conjunto de creencias y de reglas “que en crisis tenemos que pensar en revisar”. En ese sentido, planteó la recreación del capitalismo “que no puede funcionar sin que funciones un Estado fuerte, más allá del tamaño que tenga el Estado, debe ser un Estado facilitador”, completó y concluyó: “El mercado es hijo del Estado: si falla el mercado, es sencillamente porque el Estado no pudo generar reglas acorde a las problemáticas”.

Iván Ordóñez y Paula Szenkman son licenciados en Economía y cursaron desde mediados de 2005 a mediados de 2006 el Posgrado en Alta Dirección en Agronegocios y Alimentos.

Szenkman es actualmente Coordinadora del Programa de Integración Global y Desarrollo Productivo del Think Tank CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) y Ordoñez se desempeña en el área corporativa del grupo Los Grobo.

“Los precios artificialmente altos de los 2000 son la consecuencia más concreta de los precios artificialmente bajos de la posguerra”, aseguran y plantean un interesante futuro para el país. A continuación, reproducimos el artículo:

“El nuevo paradigma global”

La reversión actual de los términos de intercambio no es una novedad. La balanza comercial positiva de nuestro país, que se acerca a cumplir doce años, es una prueba irrefutable de ello. Sus causas también han dejado de ser una novedad. Las famosas tres “F” que hacen referencia a las necesidades de alimentación humana (food), a las raciones para animales (feed), y a la demanda de combustibles líquidos (fuel), hoy son un hecho. Sin embargo, no parece claro cómo se llegó a este paradigma en que el mundo demanda más de lo que puede producir.

Hoy vivimos las consecuencias de la Política Agropecuaria Común (PAC), hija de la Segunda Guerra Mundial. En la Europa de entonces, arrasada y dependiente de la ayuda humanitaria provista por el Plan Marshall, la consigna era clara: el viejo continente debía autoabastecerse de alimentos. Así, Alemania y Francia comenzaron la fuerte política de defensa de su agricultura en la que se interrelacionaban herramientas como cupos, aranceles y fuertes subsidios.

Los primeros efectos de esta política se vieron en el exitoso avance de la producción hacia el superávit alimenticio que permitió a Europa no sólo producir comida para sí, sino también inundar su área de influencia africana y de Medio Oriente con productos a precios módicos.

Pero el sistema haría agua. La polinómica de subsidios premiaba la mayor cantidad producida, y los productores, que no buscaban la eficiencia, “se pasaron de rosca” cometiendo una perversión de la naturaleza: alimentaron a seres herbívoros con harinas animales. La naturaleza castigó duramente el pecado con la Vaca Loca y los movimientos ambientalistas que habían nacido para proteger el Amazonas descubrieron al demonio en su propio barrio.

El debate que siguió en torno a la PAC fue apasionante: Bruselas revisó sus errores y en adelante la polinómica ya no premiaría mayores volúmenes de producción sino que se focalizaría en mantener el estilo rural de vida en Europa. La consecuencia inmediata de esta nueva PAC fue terminante y Europa dejó de ser exportador neto de carne y otros alimentos.

No obstante, poco se ha dicho de otro gran efecto de la PAC, esto es, las miles de hectáreas de agricultura que no se habilitaron o que demoraron en tornarse productivas en el mundo. El combinado de subsidios de Europa, Estados Unidos y Japón permitió que agentes individualmente ineficientes lograran serlo como sistema productor de alimentos. Esto deprimió los precios internacionales de los alimentos durante los 50 años de la posguerra.

Estos valores hicieron inviable cualquier posible inversión para expandir la frontera agrícola global. Territorios yermos o con pastizales donde no había rutas, canales de riego, instituciones democráticas, etc., se mantuvieron inalterados, recibiendo a comienzos de los 80 la paradójica ayuda del mundo desarrollado en forma de cajas con cereales y legumbres que ellos mismos podrían haber producido. Este desperdicio de potencial estaba dando lugar a la más espantosa de las miserias.

Actualmente, sólo el 20% de la tierra potencialmente productiva de América del Sur y África Subsahariana lo es en forma efectiva. Por ello, los precios artificialmente altos de los 2000 son la consecuencia más concreta de los precios artificialmente bajos de la posguerra.

El nuevo escenario permite la expansión hasta ahora contenida. Sin embargo, hacer agricultura extensiva rentable y medioambientalmente sustentable no es lo mismo que extraer petróleo o ensamblar licuadoras. No sólo debe generarse conocimiento a nivel individual sino también instituciones que cristalicen un proceso de aprendizaje colectivo que permita distribuir riesgos a lo largo de la cadena. Este proceso complejo ya está desencadenado en la región de América del Sur, pero será muy lento en el África Subsahariana.

Los millones de hambrientos del globo dependen hoy de miles de productores de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, la última línea de defensa. Cada hectárea debe ser productiva hoy y para las generaciones venideras.

En este paradigma, dos discusiones de la actualidad toman relevancia: la iniciativa francesa de regular los precios de los alimentos a nivel de comercio global y la ley de tierras. La primera surge al calor de los actuales precios altos y, conceptualmente, busca globalizar la PAC. Pero mantener los precios pisados evitará las tan necesarias inversiones que habilitarían nuevas áreas agrícolas; por lo tanto pateará el problema y dudosamente genere más producción de alimentos.

La segunda, recorta el universo de quienes pueden invertir en reconvertir hectáreas para uso productivo, y los temores en torno a extranjeros poseyendo tierras carecen de sustento sólido. Aunque resulte extraño tener que decirlo, no pueden llevarse la tierra ni su fertilidad, la cual está asociada no sólo a los nutrientes que están en el suelo y son renovables con fertilizantes, sino también a su régimen de lluvias. Mucho se ha dicho sobre este tema, pero resulta más interesante entender qué se hace con la tierra que quién percibe una renta por ser su propietario.

En este marco, el Estado argentino ha tomado dos decisiones trascendentales. La primera es el rechazo firme frente al pedido de Francia de regular el precio internacional de los granos; así, las ganancias resultantes de este proceso de “catch up” agrícola permanecerán en los sistemas de agronegocios de la región. La segunda ha sido la implementación de sistemas de riego abriendo áreas de agricultura; para ello el PROSAP ha invertido en 7 años la impactante suma de 800 millones de dólares siendo un partícipe activo en alcanzar las 2 millones de hectáreas irrigadas del país.

Todos los que participamos del complejo sistema de agronegocios argentino, los nacionales y extranjeros, quienes trabajan en lo público, privados y ONGs, debemos encarar los desafíos que nos esperan con la óptica de la cooperación, en la cual hemos demostrado ser profundamente exitosos.

En el mercado interno, el precio del biodiesel es determinado mensualmente por la Secretaría de Energía, aplicando una fórmula descrita en una Resolución (la número 7 de 2010 de esa cartera), que contempla la evolución del precio del aceite, el metanol, los demás gastos de producción, de administración, comercialización y financiación, y una utilidad. Por lo tanto, dicho precio debería lograr que la industria opere en condiciones rentables.

Sin embargo, la Secretaría de Comercio congeló los precios de los combustibles líquidos entre enero y abril de este año, y no se publicaron los precios de los biocombustibles y las empresas facturaron con precios atrasados de diciembre de 2010. Esta situación, generó pérdidas a la industria en dicho cuatrimestre, que por el momento son difíciles de cuantificar.

A fines de julio, la Secretaría de Energía publicó el precio oficial del biodiesel correspondiente al mes de agosto de 2011: se trata de un valor de 1256,6 dólares por toneladas, es decir cerca de 5152,2 pesos por tonelada.

El precio en cuestión es un 1,4% superior al promedio registrado por el precio FOB oficial de agosto para el aceite de soja crudo, insumo básico para el biodiesel: 1239 dólares por tonelada. Al momento de transformar el aceite crudo en biodiesel, la industria recibe al aceite a su precio FOB, menos un 32 % de retenciones. Es por eso que puede vender el biodiesel con poco margen por encima del precio FOB del aceite.

A decir del director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, Claudio Molina, hoy por hoy, lejos de incrementarse las expectativas de aumentos en las ganancias del sector -que se podrían traducir en trabajo, nuevos proyectos e inversiones-, con el nuevo precio del biodiesel que fija la Secretaría de Energía en el mercado interno simplemente “permite operar a la industria con una rentabilidad razonable”.

Más allá de las pérdidas generadas durante la primera parte del año, el sector no dejó de crecer y apuntar nuevas inversiones para ampliar la capacidad instalada porque el horizonte de demanda continúa en franco crecimiento, no solamente en lo que respecta al mercado interno, sino también los requerimientos que llegan desde el exterior.

“El proceso de inversiones continúa en marcha, se van anunciando nuevos proyectos que permitirán contar con una industria de biodiesel de capacidad cercana a los 4 millones de toneladas anuales para mediados del año próximo –hoy alcanza los 2,5 millones de toneladas-, y de 7 millones de toneladas para fines de 2015”, estimó Molina en diálogo con el PAA, y destacó que la principal motivación que lleva a las nuevas proyecciones es la demanda que “viene creciendo en forma constante”.

De cara al mercado externo, el horizonte que se plantea es mucho más amplio: los precios de exportación son en general rentables para la industria argentina de biodiesel.

En cuanto a las ventas en el extranjero, el problema al que se enfrentan actualmente las productoras son las barreras paraarancelarias impuestas o planeadas por la Unión Europea y que afectan no solo al margen de ganancia, sino al negocio de los biocombustibles en sí mismo.

No obstante, la industria argentina de biodiesel mantiene por el momento una posición de líder mundial: es hoy el país que ocupa el cuarto puesto como productor y el primero como exportador.

Un caso:

Patagonia Bioenergía apunta a ser una de las productoras de biodiesel con mayor capacidad

Los planes de expansión de una de las principales productoras de biodiesel del país ilustran cómo, a pesar de no acompañar las cuestiones vinculadas específicamente al precio, a nivel interno las perspectivas apuntan a un alza: el parque automotor aumenta y como consecuencia directa, la demanda de combustibles también, el campo amplía su desarrollo y es uno de los principales solicitantes de gasoil, como también el segmento de transporte de pasajeros.

Las posibilidades de pasar a cortar el gasoil hasta con un 10% de biodiesel en el mercado interno se acrecientan y hasta se podrían modificar las proyecciones de las empresas en función a ese objetivo.

En marzo de 2010 se comenzó a aplicar la Ley Nacional 26.093, que creó un régimen de promoción para los biocombustibles. Primero, se cortaron con los de origen mineral en un 5% y la nafta con etanol se llamó E5 y el gasoil, con lo mismo de biodiesel se llamó B5. Rápidamente, en agosto de ese año, se evidenció la necesidad de estirar el límite de corte de gasoil con biodiesel y se ascendió al B7.

Según confirmaron directivos de Patagonia Bioenergía, se están estudiando las posibilidades de pasar al B10, de hecho rápidamente se pasó del B5 al B7 sin inconvenientes.

“Del lado de la producción, no tenemos límite hoy por hoy: nuestro país cuenta con una capacidad instalada 2 millones y medio de toneladas de biodiesel para afrontar la demanda del mercado interno”,  señaló el gerente de Operaciones de Patagonia Bioenergía, Sergio Brengler.

Actualmente, la empresa dedicada a la producción y comercialización de biodiesel exporta el 70% de su elaboración y destina al mercado doméstico el resto de su producción.

Formada por la asociación de dos empresas argentinas con varios años de operación en el país (Cazenave y Asociados S.A. -una compañía de servicios para la agroindustria con casi 40 años de crecimiento- y Energía & Soluciones S.A. –dedicada a la producción y comercialización de energía, principalmente gas natural y combustibles-), la firma pretende crecer a nivel local y tiene especial interés en lograr convertirse en un exportador ideal de biodiesel y glicerina para Europa y Estados Unidos.

Para poder cubrir ambos mercados, la empresa analiza la expansión de su planta ubicada en la localidad santafesina de San Lorenzo, para ampliar su capacidad de producción. La planta comenzó a construirse en 2007 y en el primer semestre del 2009 realizó de manera exitosa la puesta en marcha. En junio de ese año, comenzó sus operaciones y actualmente, la fase inicial del proyecto, se encuentra en pleno funcionamiento. Requirió una inversión total de 110 millones de dólares y sostiene hoy una capacidad de producción de 250.000 toneladas anuales de biodiesel.

Cuando se concrete la segunda fase o fase “Bio 2”, como la denominan los directivos de la firma, la planta alcanzará a producir 500.000 toneladas de biodiesel por año y se posicionará en el podio de las de mayor capacidad entre todas las que conforman la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), que juntas elaboran y exportan más del 95% del producto del país.

Renova, la planta de la aceitera Vicentín y Glencore, que también está emplazada en San Lorenzo, es la que hasta el momento se lleva el reconocimiento de ser la más grande productora con una elaboración de biodiesel anual de 480.000 toneladas. Mientras tanto, Dreyfus está construyendo su segunda planta con la que podrá alcanzar las 600.000 toneladas anuales.

“La planta fue diseñada desde el comienzo en dos partes y la inversión hecha hasta el momento incluye grandes pasos consolidados para avanzar rápidamente en la segunda, es decir que duplicar la producción de la planta no va a requerir una inversión similar a la realizada, aunque sí igualmente importante”, explicó Brengler y adelantó: “La construcción de Bio 2 va a demandar un año hasta su puesta en marcha y esperamos tener todo listo en el segundo semestre de 2012”.

Con una alta concurrencia, el jueves 11 de agosto se realizó, en la sede del Programa de Agronegocios de la Facultad de Agronomía, la 4° Jornada Agronegocios que anualmente organiza el PAA FAUBA en conjunto con la Revista Genoma sobre las Perspectivas en Agronegocios. En esta oportunidad, el encuentro se tituló: “Desafíos de los Sistemas Agroalimentarios”.

Participaron del encuentro, importantes referentes de los sistemas del maíz, del trigo, de la soja, de la leche y de ganados y carne, quienes apuntaron a analizar los desafíos que presentan cada uno de cara al escenario global y cuáles son las estrategias que se están implementando para crecer, desarrollarse o adaptarse a tal escenario de forma sustentable.

La introducción que dio paso a las disertaciones estuvo a cargo del director del PAA, Fernando Vilella, quien presentó un mapeo de las oportunidades que se presentan para todos los sectores agroindustriales del país de acuerdo a la conformación que tendrá el mundo en el futuro de mediano y largo plazo.

“No solamente son cuestiones que se limitan a las relaciones de la oferta y la demanda. Hay cuestiones que tienen que ver con nuevas relaciones de liderazgos y de flujos económicos y de alimentos. Con solo mencionar un caso, China, que es el país que más cambios ha tenido en los últimos años, hacia 2020 va a tener la cantidad equivalente a una Argentina sólo de graduados universitarios: 40 millones. Cómo competir con eso es la pregunta que nos hacemos”, reflexionó Vilella y agregó: “Pero, China tiene el 20% de la población mundial y el 7% de la tierra, este es uno de los nudos centrales para pensarnos como país, a dónde vamos a poner nuestro conocimiento, experiencia y nuestras inversiones, para posicionarnos en un mundo que va a ser muy distinto al que tenemos ahora. Por eso, me parece relevante poder hacer hoy un recorrido por las cadenas agroalimetarias de la mano de sus referentes para poder encontrar caminos y respuestas, y también consensos que a veces como sociedad no tenemos”.

Las cadenas

En primer término, Santiago del Solar, presidente de la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (MAIZAR), apuntó a las amplias oportunidades que tiene el país para generar empleos en el corto plazo a partir del maíz, tanto como producto final, y también como insumo para la elaboración de otros productos con mayor valor agregado.

“Si sube el precio del maíz, como se ha podido comprobar este último año, lo debemos poder traducir en más trabajo para el transportista, para el contratista, para el productor, muchos eslabones de la cadena reciben ese diferencial de precio”, apuntó Del Solar.

“Y las perspectivas de que la tendencia siga siendo hacia el alza se demuestra con las previsiones sobre la demanda futura: si miramos hacia 2019, para el consumo de maíz se perfila un crecimiento de al menos 14 millones de toneladas al año de demanda adicionales. Pensemos que la Argentina exporta 16 millones de toneladas”, analizó.

En ese sentido, Del Solar señaló como metas consensuadas en la entidad que comanda: la promoción de mercados transparentes sin cuotificación o cierres de exportaciones (grano/carnes), la eliminación de derechos de exportación de todos los productos de la cadena, el fomento de los cultivos a partir de leyes que permitan la desgravación de insumos clave y la promoción de la biotecnología.

Por su parte, David Hughes, presidente de la Asociación Argentina de Trigo (ArgenTrigo), señaló que la cadena del trigo tiene muchísimas oportunidades de desarrollo a nivel mundial: “tenemos un mercado real y potencial creciente, pero hay que salir y ganarlo y para eso, tenemos que vender el producto que se necesita cuando es requerido, nadie nos va a esperar, es imprescindible ser competitivos y posicionarse, porque no somos los únicos que podemos atender la nueva demanda”, indicó.

“Para pasar de una cadena de logística a una cadena de valor agregado, es preciso que impulsemos el aumento y la diversificación de los mercados, también mejorar el posicionamiento del trigo, sus productos y subproductos en todos los mercados, existentes y a crearse”, afirmó y agregó que “es preciso identificar las necesidades de la demanda, ser más competitivos, lograr el desarrollo de tecnologías competitivas (Ley de Propiedad Intelectual – Ley de Semillas), mejorar productos, con menor impacto ambiental (análisis de huella de carbono y de huella del agua), y estimular acciones y políticas para lograr lo anterior”.

En tercer lugar, Miguel Calvo, presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja de Argentina (ACSOJA), detalló las características que hacen competitivo al país y que es necesario incentivar: “Contamos con los rendimientos por hectárea más altos a nivel mundial y sobre todo, una adaptación rápida a cambios estratégicos positivos y negativos. De hecho, aprendimos a sobrevivir con anticuerpos y eso hoy es una ventaja. También, contamos con un alto nivel tecnológico de la mano de la soja transgénica y la siembra directa”, aseguró y completó: “La ubicación privilegiada de la industria en la proximidad de la zona productiva y puertos de salida, la más eficiente cadena oleaginosa a nivel mundial, también son cosas que se pueden contar como ventajas, al igual que las dimensiones de las plantas, la mayor escala promedio de planta a nivel internacional y un complejo agroindustrial estructuralmente exportador”.

En tanto, Calvo estimó que si hoy por hoy se sacaran las retenciones a las exportaciones de la soja, áreas que no están sembradas estarían sembradas y “así, tendríamos una mayor producción y las fábricas estarían más ocupadas, en lugar de un 65% alcanzaríamos más del 80% de ocupación, porque la realidad es que cada vez que aumenta la producción, se abre una fábrica nueva de aceite y también, de biodiesel”.

Luego, Calvo presentó el plan de la institución que preside para el período 2010-2012: promover la búsqueda de mecanismos de incentivo al desarrollo de nuevos subproductos de la cadena de soja (alimentación, salud, piscicultura, otros derivados); propender al desarrollo gradual de Buenas Prácticas de Manejo Agrícola; participar activamente en la determinación de mediciones de emisión de gases de efecto invernadero y en el conocimiento y relación con los poderes legislativos, ejecutivos, la actividad privada y los conjuntos sociales de la Nación; entre otras actividades más específicas.

A decir de Eduardo García Maritano, presidente de la entidad Productores Lecheros Asociados del Sur de Santa Fe y Córdoba (PLASSACO) y co-coordinador de la Mesa Nacional de Productores de Leche, si la Argentina quiere ser un actor en la lechería mundial, “deberemos atender sistemáticamente el mercado interno y externo, y formalizar la transacción como base de la planificación”, y puntualizó que, en ese contexto, el Estado Nacional y Provinciales tendrían que estar funcionando como garantes de los marcos legales, arbitrando institucionalmente.

Finalmente, Javier Martínez del Valle, director general de la Asociación de Productores Exportadores de Carne Argentina (APEA), presentó las metas de la carne vacuna: tener acceso sanitario de todos los productos de la industria bovina a todos los mercados (prioritarios); poseer acceso comercial equivalente a los principales competidores; construir un marco institucional pro-competitivo; posicionar la carne argentina en segmentos de alto valor mediante la diferenciación por calidad; alcanzar  niveles sostenibles de productividad de la cadena.

La Asociación de Ex Alumnos organizó una serie de encuentros con referentes de los principales partidos políticos que competirán en las próximas elecciones para que presenten su visión, planes y propuestas de políticas agropecuarias.

“Políticas agropecuarias de cara a las elecciones”, así tituló su presentación el candidato a diputado por Coalición Cívica (CC), Guillermo Bernaudo.

Como premisa fundamental, destacó que la fuerza que representa decidió llevar adelante un plan de gestión para el sector agropecuario denominado “Dejar en paz al campo”.

“Para que al sector agroindustrial le vaya mejor, debemos dejar en paz al campo. Tenemos un convencimiento de que si esto es así, esto tiene implicancias en otros sectores. De alguna medida, bajar los costos de transacción, tiene que ver con el desarrollo de las personas, con un mejor nivel de vida”, sostuvo y añadió que “en la visión de la Coalición Cívica están definitivamente superadas las falsas opciones  campo-ciudad o campo-industria. En síntesis, creemos que la Argentina puede y debe ser un país agroindustrial capaz de aprovechar las demandas mundiales de alimentos de las próximas décadas y que este perfil de desarrollo pueda, asimismo, garantizar nuestra soberanía alimentaria y promover el desarrollo integral del país y la radicación rural y regional”.

A continuación, reproducimos los pasajes más relevantes de su disertación.

En materia de comercialización agropecuaria, el Estado es responsable de garantizar reglas claras, control y transparencia en la transacción. Bernaudo indicó que desde la CC, “garantizaremos que se cumplan transacciones leales de las cadenas agroalimentarias para que los gobiernos de turno no puedan interferir cambiando de manera discrecional las políticas vigentes y aseguraremos la institucionalidad agrícola para contribuir en la transparencia e igualdad de negociación de todos los actores de la cadena comercial agropecuaria y agroalimentaria”.

La Argentina tiene una gran oportunidad en el mercado mundial de alimentos que no puede ni debe ser desaprovechada. Por ello, “desde la CC promovemos la inmediata derogación de los ROE y pre ROE de acuerdo al proyecto presentado oportunamente por Elisa Carrió a fin de limitar toda interferencia abusiva, arbitraria o discrecional por parte del Poder Ejecutivo en la exportación de productos agropecuarios”.

Según Bernaudo, la CC promoverá además una severa investigación sobre la discrecionalidad en el otorgamiento de los ROE y los manejos poco transparentes de precios y cupos que pudieran haber surgido de acuerdos en este sentido entre sectores de la exportación y funcionarios de la Secretaría de Comercio Interior, ONCCA y AFIP.

Por otro lado, otro punto a atender es la “Normalización de la Información Pública Agropecuaria”.

Para el sector ganadero, la CC propone la recuperación de stocks y productividad de los rodeos ganaderos, promoviendo las inversiones en producción forrajera, genética, sanidad e infraestructura de trabajo y asistencia técnica; y la promoción, desgravación y financiación para readecuar las plantas frigoríficas, en especial las del interior, a las exigencias internacionales permitiéndoles alcanzar niveles mínimos exigidos para la exportación. Asimismo, la iniciativa incluye el cumplimiento de la ley de carnes (7 a 10°C a salida de planta); el control impositivo e implementación generalizada de los guardaganados fiscales (Artículo 12º de la Ley 25.345); y la implementación de la venta de cuartos con hueso y cortes al mercado interno, que se implantará como obligatorio en un plazo prudencial. Para la lechería, propone dar previsibilidad en el mediano y largo plazo e institucionalizar la cadena.

En el ámbito de la tecnología, la CC apunta a solucionar problemáticas de Biotecnología y propiedad intelectual pendientes. Y, para hablar de retenciones, se sumó Andrés Domínguez a la presentación, quien se encargó de explicar en detalle cómo se podría poner en práctica la propuesta de modificar la estructura impositiva para el sector agropecuario.

“Creemos que el impuesto a las ganancias es el que mejor refleja la capacidad de pago”, coincidió así Bernaudo con lo que había anticipado en la entrevista Bullrich y se explayó: “Las retenciones han retraído la producción. Debemos pasar todos los productos y subproductos pampeanos y regionales a cero y la soja a un 25% para su eliminación gradual, en el marco de una reforma tributaria”.

“Sacar los ROE y sacar retenciones tiene que ser más que una propuesta de campaña: tiene que haber un convencimiento de que atrás de eso hay una mejora”, subrayó finalmente, antes de dar paso a Domínguez. Según explicó Domínguez, la eliminación total de las retenciones es para todos los productos agropecuarios menos para la soja y derivados (todos los granos, oleaginosas y cereales, carnes, lácteos, todas las economías regionales y maquinaria agrícola). Para la soja, tal como adelantó Bernaudo, se aplicaría primero un 25% sin segmentación.

“El costo fiscal de la aplicación de la medida asciende a 19.000 millones de pesos por año”, calculó Domínguez. “¿Cómo se llega a este costo fiscal? Eso es lo que sale nuestra propuesta. Es más o menos un 4% del presupuesto del país. No es fácil hacer este recorte. No va a quebrar el Estado, pero no es fácil. Viene de bajar diez puntos a la soja”, completó.

Al respecto, detalló: Según proyecciones de cosecha 10/11 y precios actuales, de los 19 millones de pesos, casi 7 millones de pesos son los diez puntos de rebaja a la soja y a los subproductos que proponemos nosotros.

•          SOJA y SUBPRODUCTOS: Rebaja al 25% sin segmentación: 6.880

•          ELIMINACION TRIGO, SORGO, MAIZ y GIRASOL (Y SBP):10.000

•          REBAJA SOJA + TOTAL GRANOS: 16.880

•          ELIMINACION CARNE VACUNA Y LACTEOS: 1500

•          ELIMINACION ECONOMIAS REGIONALES: 600

•          COSTO TOTAL PROYECTADO: 19.000

El proyecto no incluye la modificación de áreas sembradas por cambios de precios relativos (debería desincentivar soja) y no se modelan los efectos económicos de segunda vuelta (mayor aporte tributario por mayor producción).

“¿Cómo pagamos este costo fiscal?”, se preguntó Domínguez. “Hay fondos, siendo estrictos. Se pueden bajar las retenciones, pero no va a ser fácil. La cuenta terminará de cerrar cuando conozcamos el Estado y la realidad de las cuentas públicas”, confió.

La Asociación de Ex Alumnos organizó una serie de encuentros con referentes de los principales partidos políticos que competirán en las próximas elecciones para que presenten su visión, planes y propuestas de políticas agropecuarias.

-Patricia Bullrich: “El Gobierno nacional ha intentado una política extractiva del campo”

En diálogo con el PAA, la diputada de la CC, que busca renovar su banca en octubre, resumió que la apertura de las exportaciones, programas de largo plazo para las carnes, analizar cómo puede haber diversidad de producción y una estrategia de políticas crediticias para que el campo pueda tener mayor agregación de valor y ayuda para la comercialización, son los temas importantes que se presentan como desafíos a atender para intentar modificar la situación actual del campo argentino.

Para el corto plazo, desde la Coalición Cívica (CC), propone que la producción agropecuaria tenga una estructura impositiva compatible con la producción y la ganancia. “Nos parece que esa estructura impositiva tiene que estar sostenida por un impuesto a las ganancias y no por retenciones”, señaló y agregó: “También apuntamos a abrir la exportación, a fin de permitir que el campo produzca con rentabilidad en todos los productos”.

Por otro lado, apuntó la necesidad de pensar en algún tipo de premio a los trabajadores por productividad. “Que sean parte de las ganancias”, propuso y detalló cómo diseñaría un “régimen simplificado para los trabajadores estacionales”.

De cara a las elecciones del 23 de octubre, criticó las políticas agropecuarias del Gobierno nacional y adelantó que, a su entender, el kirchnerismo “tiene una adhesión que es menor de lo que se dice”, aunque admitió que desde la oposición “no supimos construir una propuesta más concreta”.

A continuación, reproducimos la entrevista con Bullrich.

PAA: ¿Cuál es la visión del partido que representa sobre los agronegocios?

P.Bullrich: El campo ha dejado de ser una economía primaria para pasar a ser una economía de incorporación de conocimiento y alta tecnología. Y ya no solamente en la maquinaria, sino también en la semilla. Todo esto significa un cambio estratégico que ha permitido que cambie la relación superficie-productividad. Y en consecuencia, nosotros creemos que esto genera todo un modelo de país en el que se puede comenzar a pensar en un repoblamiento de la Argentina en ciudades más chicas, más sustentables, donde haya más seguridad, una calidad de vida mejor, en vez de la enorme concentración que tiene la Argentina en las zonas urbanas. Los agronegocios traen de la mano una concepción distinta de una vida mejor y para eso el Estado tiene que estar mucha más cerca de las personas.

PAA: ¿Cuáles son los desafíos o planteos que preparan para el sector?

P.B.: De corto plazo, producto de lo que ha sucedido estos últimos años, creemos que el campo y la producción agropecuaria tienen que tener una estructura impositiva compatible con la producción y la ganancia que cualquier empresa tiene que tener. Nos parece que esa estructura impositiva tiene que estar sostenida por un impuesto a las ganancias y no por retenciones. La retención es un impuesto al ingreso bruto que nada tiene que ver con la realidad de la producción. A veces el campo produce y a veces, no. Hay factores exógenos que son muy importantes. Y en consecuencia, el impuesto a las ganancias es el impuesto que más claramente determina la realidad. Por supuesto que hay un factor precios internacionales que es importante, pero esa es la realidad del producto. También hay precios internacionales que no tiene por qué tener un límite.

En segundo lugar, en la medida no haya retenciones y sí una estructura impositiva que tenga más que ver con la producción, va a haber mucha gente, muchos profesionales que van a poder vivir de los agronegocios, y en consecuencia van a poder estar mucho más vinculados en esta idea que nosotros hablamos de ciudades más sustentables, más pequeñas.

Para el corto plazo, también apuntamos a abrir la exportación, permitir que el campo produzca con rentabilidad en todos los productos. Hoy por hoy, el trigo y el maíz no están siendo productivos justamente por el tapón que el Gobierno le ha puesto. Entender la importancia de las carnes y también de las economías de temporada, que son muy importantes, desde los arándanos pasando por todas las frutas específicas.

También, hay que prestar atención al tema de los trabajadores estacionales y hay que pensar en algún tipo de premio a los trabajadores por productividad, que sean parte de las ganancias, me parece que eso sería un salto de calidad para el campo argentino.

PAA: ¿Para los trabajadores estacionales, qué propuesta concreta están evaluando?

P.B.: Nosotros creemos que hay que hacer un sistema simplificado similar al que tiene el servicio doméstico, un pago de una cuota por aporte jubilatorio y otro pago de una cuota por aporte a la salud, que lo pueden componer varios patrones. Con el número de cuil solamente, fácil de controlar y simple de tramitar. Régimen simplificado de trabajo estacional.

PAA: ¿Cuáles son las críticas que desde la fuerza que representa hacen sobre las políticas del Gobierno nacional?

P.B.: El Gobierno nacional ha intentado una política extractiva del campo. El campo produce y la renta extraordinaria se la lleva el Estado. Lo mismo han hecho con el petróleo, que tiene retenciones móviles y en algunos momentos llegan al 70%, pero no se levantaron como se levantó el campo, quizás porque son cuatro empresas.

La apertura de las exportaciones, programas de largo plazo para las carnes, analizar cómo puede haber diversidad de producción y una estrategia de políticas crediticias para que el campo pueda tener mayor agregación de valor y ayuda para la comercialización nos parece que son los temas importantes. Creemos en el modelo de las fábricas al lado del campo. Vemos que nuestro maíz se va a engordar pollos a Brasil y luego importamos el pollo, cuando nosotros podríamos tener una estrategia para producir pollo en el mismo lugar donde se siembra maíz.

PAA: ¿Desde su lugar como diputada, en la Cámara se ha podido hacer algo?

P.B.: Nosotros venimos de un Congreso de blanco-negro, que no está librado a sus propias ideas, eso es un Congreso atado. O se discute lo que trae el oficialismo a libro cerrado o el oficialismo se pone en contra de lo que trae la oposición. Y sino, el Gobierno trata de ganarle de mano: si el parlamento está discutiendo una ley de trata, el Ejecutivo saca un decreto de trata, si el parlamento está discutiendo la asignación universal, el Ejecutivo saca la asignación universal. Entonces, es muy difícil. En estos cuatro años que tuve de diputada no tuve la oportunidad de trabajar un proyecto de ley. Más que poder discutir una estrategia, lo único que ha habido estos años es un freno a la 125.  No hemos podido avanzar en la idea de terminar con la lógica de las medias reses por ejemplo.

PAA: ¿Cuáles son las perspectivas para después de octubre?

P.B.: En caso de que nos toque gobernar la Argentina, primero hay que mandarle al parlamento leyes que uno votaría. No hay que mandar leyes de emergencia, sino las leyes que permite nuestra Constitución y permitir que entre al debate porque siempre van a ver otras miradas, y esas otras miradas aportan algo o restringen. Personalmente, voy como primera diputada nacional de la Coalición Cívica y aspiro a renovar mi banca.

PAA: ¿Y qué opinión le merecen las políticas llamadas “Carne para todos”, “Pescado para todos”?

P.B.: A nosotros nos parece que es pura propaganda. ¿Quiénes son todos? Los que pueden acceder a dos camiones en Buenos Aires, en un país de 40 millones de habitantes. Si hay dos camiones que van a andar por el Gran Buenos Aires… No parece una cosa lógica. Las “Milanesas para todos” están en el mercado central, ¿cuánta gente puede acceder al mercado central? Son como anuncios en el aire. Si uno tuviese una estrategia… el “Cerdo para todos” es un cerdo importado, es absurdo. A mi me parece bien que en el país haya alimentos a precios razonables, pero no hay una estrategia seria. Si hubiésemos prestado mayor atención en el caso de la carne a cambiar los cortes, nosotros perfectamente podríamos tener cortes más baratos para el mercado local, que son los cortes que se consumen en el país.

PAA: ¿Esto no plantea un desafío para la oposición en estos últimos tres meses que quedan de cara a octubre?

P.B.: Nosotros creemos que el Gobierno tiene una adhesión que es menor de lo que se dice. Cada dos pasos va mostrando su verdadera filosofía de confrontación, de enfrentamiento, de desinstitucionalización, con lo cual, creemos que en estos tres meses que quedan se va a ir vislumbrando. Quizás los sectores de la oposición no supimos construir una propuesta más concreta, pero la gente la va a completar, como hizo en Capital Federal.

Durante sus participaciones en la serie de contenidos audiovisuales que realizó el PAA con el diario Agroempresario, los referentes de las asociaciones por cadena AAPROTRIGO, MAIZAR, ASAGIR y ACSOJA presentaron sus visiones acerca de las distintas oportunidades de agregar valor que se presentan en el país. A continuación, detallamos una síntesis de sus posturas.

-John Cameron, vicepresidente de AAPROTRIGO, parte de la idea de que para agregar valor hay que saber quién es el que va a pagar más por ese valor, es decir qué es lo que quiere el consumidor al final de la góndola. En el caso particular del trigo, que no es un commodity sino una materia prima para producir diferentes harinas y productos terminados que se venden a un consumidor, la Argentina siempre ha estado en falta en este sentido: solo se define de una manera la exportación de trigo del país que es el trigo argentino grado 2: una mezcla indiscriminada de distintos tipos de trigo. Por ejemplo, si uno va a comprar a Canadá, que es uno de los principales competidores, se puede encontrar 42 tipos diferentes de trigo y eso no es por contar con mejor clima, genética, ni nada, sino que se debe a una mejor comercialización.

“No sabemos defender ni vender la calidad de nuestros trigos y esa deficiencia se tapó siempre porque tuvimos siempre un fuerte comprador que es Brasil. De todos modos, es un mercado de bajo valor. Para comercializar mejor nuestro producto tenemos que apuntar a otros destinos que estén dispuestos a pagar más alto por precio”, definió Cameron y apuntó: “En el largo plazo, hay que exportar el trigo diferenciadamente y reservar lo indicado para el mercado interno en tiempo y forma”.

-En tanto, Santiago Del Solar, presidente de MAIZAR –asociación que agrupa productores de maíz y sorgo argentino-, sostuvo que “tenemos muchas maneras de crear valor en la cadena de elaboración del maíz” y una de las maneras es producir más maíz en zonas donde antes no se podía producir. “Investigar, generar tecnologías, biotecnologías, de procesos, de insumos, que nos permitan tener mayores rendimientos, son maneras de generar riquezas que se van expandiendo a distintas zonas de nuestro país”, indicó Del Solar.

También, agregar valor es la transformación del maíz en otros productos. La ganadería vacuna, por ejemplo, es el principal consumidor de maíz en el mercado interno argentino. “A nuestro entender, es el principal destino que podemos darle al maíz para imprimirle valor agregado”, señaló y se refirió también a la industria avícola, que ha demostrado un crecimiento importantísimo, como también la industria de los cerdos que está creciendo a un ritmo sostenido: “Es una de las esperanzas que tenemos dentro de la cadena de valor”, agregó.

Otra forma de desarrollo se puede encontrar en las bioenergías de la mano del bioetanol. En la Argentina, es un sector incipiente pero se advierten grandes potencialidades en diversas zonas del país, capaces de generar empleo y riqueza. Otra posibilidad aparece con los biomateriales a partir del maíz y a eso también apuntan desde MAIZAR.

“El mundo está requiriendo cada vez más productos que tiene como materia prima al maíz elaborado y al maíz en grano. Se están abriendo nuevos mercados. El gran desafío es China, que era netamente exportador y ahora aparece como importador”, determinó Del Solar. “Con China tenemos una gran oportunidad que no podemos desaprovechar y para eso debemos ampliar la capacidad de siembra del maíz. Esto nos preocupa bastante: por cada 6 hectáreas de soja hay una de maíz. Nosotros estamos trabajando con todos los sectores de la cadena para fomentar una agricultura sostenible, donde tiene un papel fundamental la rotación con gramíneas como son el maíz y el sorgo. Una agricultura sostenible es conservación de suelos y eso también se traduce en valor agregado”, concluyó.

-Por su parte, Ricardo Negri, presidente de ASAGIR, detalló cómo en la entidad trabajan para mejorar la competitividad del cultivo. Hoy por hoy, se ha acentuado el desplazamiento del girasol a zonas marginales: en el sudoeste de Buenos Aires, en el este de Buenos Aires, en el Chaco, en el NEA. Es decir que no se advierte que se desarrolle en ninguna de las zonas Premium del país porque el girasol puede ocupar ambientes menos favorecidos, donde otros cultivos no funcionan. “A pesar de la reducción del área del sembrado, los rindes se han mantenido gracias al trabajo de investigación y tecnología. En esos puntos se ha invertido muchísimo”, afirmó Negri. “Los niveles de cosecha están por debajo de la mitad de lo que eran los niveles tradicionales de la Argentina. El producto del girasol es el aceite, el principal, y poco se exporta en semillas. No se puede, por eso, comparar con la soja y su principal producto, la harina de soja. El girasol requiere casi como condición un mínimo proceso de industrialización para su comercialización”.

Todos estos temas son abordados en ASAGIR, desde donde sostienen que es mucho lo que se tiene que hacer en la Argentina como líderes en la investigación del girasol y tras haber pasado las últimas dos peores campañas en años. “La mesa del girasol no es un lecho de rosas porque todos tenemos intereses distintos, pero nuestra función es intentar administrar esos conflictos de intereses y buscar administrarlos”, concretó.

-Miguel Calvo, presidente de ACSOJA, comenzó con el detalle de los seis grandes eslabones que integran la asociación de asociaciones. Por un lado, el eslabón de ciencia y técnica, que reúne al INTA, las universidades y a Prosoja). Por otra parte, la pata productiva, que convoca a entidades gremiales, la Confederación Rural Argentina, la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria, y también las tecnológicas como AACREA y AAPREDSID. El tercer eslabón refiere a la parte de insumos, donde está la Asociación de Semilleros Argentinos, la Asociación de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas, y CASAFA, que es la cámara de fertilizantes y agroquímicos. El cuarto eslabón, incluye a la industria mayormente representada con la CIARA, que es la cámara de la industria aceitera. El quinto eslabón, el de comercialización, contiene a la Bolsa de Rosario, la de Buenos Aires, la de Santa Fe, la de Córdoba, la de Entre Ríos y la de Bahía Blanca. La última de las patas es la de servicios, donde están las asociaciones de bancos y los colegios de ingenieros agrónomos.

Con respecto al valor agregado, el principal concepto para desarrollarlo es tener claro el concepto de biotecnología y semillas. Según Calvo, un tema que hay que aggiornar es la definición de la propiedad intelectual. “Se avanza a grandes pasos con la biotecnología y hay eventos con un potencial enorme que están en proceso de culminación y de patentamiento. En ese sentido, nuestro país puede llegar a ser un hacedor enorme de valor agregado en semillas. A través de un aggiornamiento de la ley o de un acuerdo entre las partes, se tendría que lograr una mejora en lo que es la definición de la propiedad intelectual y eso habilitará un nuevo mercado grande para dar valor agregado”, reflexionó.

Otra forma de agregar valor es a través de las fábricas de aceite, que es un subproducto de la harina. En ese punto, el mayor componente de valor del poroto de soja: la harina, es decir la proteína. De acuerdo con Calvo, en esa línea se investiga de qué manera podemos elevar el valor proteico del poroto.

“El biodiesel es un fenómeno extraordinario. Hoy las plantas que están funcionando y prontas a ponerse en marcha superan los 2 millones de toneladas de biodiesel. Dentro del volumen que la argentina produce de más de 8 millones de toneladas de aceite, que 2 millones se vayan en biodiesel es altamente significativo y además, da mucho valor agregado a la producción”, apuntó Calvo y resumió que “con los derivados que se pueden generar de la soja –que son amplísimos- estamos buscando formar una corrientes de PYMES fundamentalmente, que pueda aprovechar la bondad que tiene el producto de poder abastecer distintos mercados”.

En los valles del Famatina, en la Rioja, la vid ocupa un lugar de privilegio en un paisaje de montañas rojas y cielos transparentes. Desde 1940, Cooperativa La Riojana, hoy con más de 500 asociados, conoce los tesoros de ese privilegiado paisaje y los muestra al mundo. Pero más allá del éxito comercial, lo interesante es conocer la particular forma de organización.

De los 500 asociados, un 80% son pequeños productores, que tiene el 20% de la producción. El otro 20% restante, tiene por lo tanto el 80% de la producción.

Pero esos porcentajes, que podrían llamar la atención, para el actual presidente de la Cooperativa, Mario González, “son complementarios”.

“Nuestra filosofía en términos cooperativos nos dice que todos somos iguales al momento de decidir algo políticamente. No vale el capital sino la persona y eso nos ha dado una posibilidad importante dentro de lo que es la provincia de La Rioja y también en otras provincias vecinas”, aseguró González durante su participación en la serie de contenidos audiovisuales “Valor Agro”, que realizó el PAA con el diario Agroempresario.

“Porque es muy difícil que una empresa de otro tipo, sin criticarla, se haga cargo de los pequeños productores, y de que ellos se transformen de productores a empresarios a través de la elaboración de los vinos y la comercialización”, se explayó.

La Cooperativa se organiza con una asamblea general ordinaria, que se realiza todos los años, en la que se renueva el consejo por tercios. Los cargos de los dirigentes duran tres años y los cargos de presidente, vice, tesorero, secretario y síndico se elijen anualmente.

Dentro de ese consejo de administración, se ha creado un comité ejecutivo conformado por el presidente, el vice, el tesorero y el síndico, en el que se resuelven los temas diarios, tanto de la cooperativa como de los asociados particularmente.

“Que esa tarea sea diaria, nos permite repartir las cargas, las responsabilidades, evitando que las cooperativas se hagan gerenciales”, evaluó González. “No es que un gerente no pueda manejar una cooperativa, pero nosotros preferimos hacerlo en conjunto para poder estar presentes en el día a día”, agregó.

La Cooperativa, más los 500 asociados, suman más de 4.200 hectáreas de viñedos sobre 7.600 hectáreas que tiene La Rioja. Es la responsable de más del 50% de la producción de la provincia y trabaja con 350 empleados. Asimismo, se ha extendido a Mendoza, en una bodega en Tupungato, una de las zonas vitivinícolas más importantes del país, y también, a Catamarca, en Tinogasta, en donde elaboramos mosto de uva, otro tipo de producto.

“Trabajamos con normas de calidad. Nos gusta destacar que desde 2006 certificamos la de Comercio Justo o Fair Trade, que es una norma internacional”, señaló el presidente de la Cooperativa y explica que la certificación les ha permitido entrar en un nicho de venta de productos certificados, por el cual se asegura el consumidor europeo –especialmente el de Inglaterra y Suecia- o norteamericano –en EE.UU. y Canadá- que los procesos de elaboración contemplan el cuidado del medio ambiente, que no involucra explotación infantil ni trabajo en negro, que las condiciones de la gente que trabaja son las mejores en cuanto a salud y seguridad.

“La norma –agregó González- también nos ha permitido cobrar un adicional o prima por el producto, que no llega a la Cooperativa sino que es administrada por parte de la dirección y especialmente por los trabajadores. Hemos creado la Asociación de Comercio Justo, que tiene la posibilidad de administrar estos fondos que se destinan a mejorar las condiciones de vida en las zonas de procedencia de los trabajadores, tiene que ser útil para la comunidad”.

Según el presidente de la Cooperativa, se han pintado escuelas y hasta se ha dado provisión de agua potable a los pueblos que no la tenían. Pero como “el logro más grande”, destacó la creación de una escuela aerotécnica secundaria, “que donamos para que la ponga en marcha a la Universidad Nacional de Chilecito”.

“Este año comenzó a dar sus primeras clases, hoy es un colegio secundario universitario que rinde homenaje a nuestro primer presidente, Julio César Martínez, quien nos ha enseñado mucho sobre el cooperativismo”, consideró González.

Con el fin de iniciar un nuevo año lectivo del Programa de Agronegocios y Alimentos (PAA) de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA), se realizó el 12 de abril el tradicional desayuno de trabajo en el Restaurant de la Sociedad Rural Argentina con la presencia de 200 líderes empresarios, académicos y de la gestión pública.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Decano de la FAUBA, Rodolfo Golluscio. “La universidad tiene un potencial enorme para contribuir a solucionar los problemas de la sociedad, que muchas veces son abordados por el sector privado. En la FAUBA, esa es una línea de acción que tiene varios años, que se inicio en la época cuando Fernando Vilella era decano y que los decanos que seguimos después la hemos mantenido y la estamos tratando de desarrollar”, destacó Golluscio y completó: “Buscamos siempre crear ámbitos institucionales en los cuales la FAUBA pueda contribuir a solucionar los problemas de las sociedad. El PAA, por caso, es la más antigua de las instituciones que se han creado y me pone contento estar y venir a expresar el aval oficial de la Facultad a una iniciativa que es central”.

De ese modo, se dio paso al coordinador académico de la Maestría del PAA, Raúl

Pérez San Martín, quien presentó la tesis “Sistema de Gestión de Calidad: Implementación y evaluación de la performance mediante un estudio de casos múltiples en INTA”, de la alumna Cristina Slepetis.

A continuación, disertaron los oradores invitados Luis Bameule, ex presidente de Quickfood S.A. y Jorge Neme, director del PROSAP (Programa de Servicios Agrícolas Provinciales); y también los anfitriones, el director del PAA, Fernando Vilella, quien estuvo a cargo del cierre del desayuno, y el subdirector, Sebastián Senesi.

Asimismo, se entregaron 6 medias becas “Mitsubishi Corporation” para seis flamantes alumnos que ingresarán al PAA.

Los oradores

-La carne vacuna en Argentina y el mundo

Por Luis Bameule, ex presidente de Quickfood S.A.

“La cadena de ganados y carnes lo mínimo que necesita es una cierta previsibilidad: reglas que no estén cambiando permanentemente, que se sostengan a través del tiempo, mínimas porque matices siempre puede haber. Pero bandazos como hemos vivido, y no hablo sólo de este último tiempo, sino a lo largo de estos últimos 50 años yo creo que pocos sectores en el mundo han enfrentado tantos. Y la consecuencia directa de estos altibajos reglamentarios ha sido la pérdida de participación de la Argentina como el gran proveedor de carnes vacunas de alta calidad en el mundo”, señaló el exdirectivo.

Asimismo, aseguró que el sector ganadero necesita una política de Estado (con mirada de largo plazo y que trascienda los gobiernos), considerada de interés prioritario. En segundo lugar, es precisa la gradual eliminación de subsidios y retenciones, garantizar el sostén de un consumo significativo de carne bovina pero con una dieta de proteínas animales más balanceada, y finalmente, un único status sanitario para todo el país.

Como alternativa, Bamuele propuso comenzar a trabajar en un plan estratégico de ganados y carnes a 10 años, con metas de cumplimiento intermedias y puntos de acuerdo a proponer a la cadena de la carne vacuna.

Entre los posibles ítems de consenso, subrayó la visión de largo plazo; la cría como primera prioridad; el fomento al novillo pesado vía desgravaciones; la eliminación de ROE’s, retenciones, reintegros y encajes; la liberación de precios internos; la modernización del consumo; el rol de Senasa; la distribución Cuota Hilton (en este punto particular planteó volver a la Resolución 113); los accesos a mercados y cuotas especiales y, por último, la modificación del régimen de cueros.

-Capital Social

Por Sebastián Senesi, subdirector del PAA

En representación del PAA, realizó una exposición titulada “El Capital Social como fuente de competitividad” y presentó las novedades del PAA para 2011. La primera parte comenzó con una recapitulación de distintas definiciones de capital social:

Para James Coleman el capital social constituye un recurso cuya particularidad radica en ser algo inherente a la estructura de las relaciones sociales. Según el autor, el capital social consiste en “una diversidad de entidades con dos elementos en común: todos consisten en algún aspecto de la estructura social y facilitan ciertas acciones de los actores dentro de la estructura” (1990:302).

En tanto, Putnam, (1993:167) define al capital social se como “aspectos de la organización social tales como confianza, normas y redes, que pueden mejorar la eficiencia de una sociedad al facilitar la acción coordinada”. El eje central en la obra de Putnam trata sobre la tendencia comunitaria hacia la cooperación en pos del bien común o al oportunismo y los factores que condicionan la primera o la segunda elección, determinando de qué manera repercuten en el desarrollo económico y democrático- institucional de las comunidades.

El desarrollo del capital social está directamente ligado al desarrollo de la interacción social, la confianza y la visión compartida. Además que este proceso promueve el intercambio de recursos y la creación de valor (Ordoñez, 1999).

El PAA prepara una investigación “El capital social como factor de producción en los sistemas de Agronegocios en Argentina. Un análisis comparado de los sistemas aviar, vitivinícola y vacuno”, que será presentada en el 21º Congreso Mundial de Agronegocios (IFAMA), en  Frankfurt, Alemania, el próximo mes de junio.

El trabajo se planteó como objetivo medir el nivel de capital social en los sistemas aviar, vitivinícola y vacuno. Para ello, se han realizado una serie de encuestas a los fines de avanzar en los objetivos propuestos.

El cuestionario utilizado incluyó preguntas con respuestas predeterminadas y otras abiertas y permitió comparar diferentes resultados entre los distintos sectores y  también dar cuenta del desempeño de cada sector. Y las variables estudiadas fueron “Confianza”, Acción Colectiva” y “Cooperación y Ética”.

“El material obtenido a través de las encuestas será procesado mediante el software estadístico SPSS. Hasta el momento, se pudo observar que las variables estudiadas,

presentan distintos valores en función  de los sistema estudiados. El Sistema Avícola presenta altos niveles en las tres variables, el Sistema Vitivinícola medios y el Sistema de Ganados y Carnes  Vacuno los presenta bajos. Esto tiene efecto directo sobre el nivel de Capital Social en cada Sistema analizado”, concluyó Senesi.

-Inversión Pública, Riego y Desarrollo Regional

Por Jorge Neme, director del PROSAP (Programa de Servicios Agrícolas Provinciales)

“En los últimos ocho años vamos a tener un paquete que supera los 1.500 millones de dólares de inversión en infraestructura y servicios, que creo que es la expresión de que hay una preocupación pública por ocupar el territorio, llevar asistencia técnica, las obras de infraestructura y los servicios, a todos los rincones y a todas las actividades productivas”, señaló Neme.

Para consolidar el proceso de reconstrucción y desarrollo de las economías regionales, Neme indicó que el Programa ha realizado a través de dos de sus principales áreas de intervención una inversión pública de 697 millones de dólares: en Riego y Drenaje, se invirtieron unos 454 millones de dólares y en infraestructura (que incluye electrificación y caminos rurales), unos 165 millones de dólares.

Nuevas áreas de intervención

De acuerdo con los datos presentados por Neme, en la segunda etapa del Programa se han incorporado nuevas áreas y herramientas de apoyo, tales como aportes no reembolsables (BID y BIRF), fortalecimiento de clusters, iniciativas de desarrollo regional, promoción de iniciativas de transferencia de innovación provinciales, todo lo cual responde a una política sostenida para la consolidación de un sector agropecuario competitivo y socialmente sustentable.

“Fomentando la vinculación entre lo público, la construcción del conocimiento, todo articulado con el sector empresario, un actor absolutamente necesario e impostergable, vamos a poder construir una alianza que termine desarrollando el conjunto de potencialidades del país”, resumió Neme.

-El conocimiento y el futuro de Argentina

Por Fernando Vilella, director del PAA

“Hoy por hoy, centenares de millones de personas accederían por pocos dólares a un puesto de trabajo: competir en un contexto donde la ventaja competitiva es el sueldo no tiene sentido, no va a poder sostenerse en el tiempo”, señaló Vilella y continuó: “Nosotros tenemos que estar pensando en sistemas donde el conocimiento incorporado a los productos y la agregación de valor a partir de los propios conocimientos sean el eje que nos permita acceder a esos mercados tan demandados”.

Hoy, limitados por suelo y agua, el aumento de la productividad parece ser el único camino. A entender de Vilella debe ser: sustentable y eficiente en el uso de los recursos (agua, suelo, fertilizantes) en el marco de apropiados ordenamientos territoriales; y usar eficientes herramientas de gestión de la producción, trabajo en red, formas asociativas, etc.

Asimismo, el director del PAA destacó la necesidad de mantener los avances en genética y biotecnologías apropiadas, y subrayó la utilización de herramientas tecnológicas que aprovechen de la mejor forma la calidad de cada sitio de cultivo, como por ejemplo la siembra directa, la siembra de precisión, el uso de imágenes, la informática compleja con capacidad de analizar enormes volúmenes de datos, y las estrategias de control integrado de malezas, plagas y enfermedades.

“Más conocimiento por metro cuadrado de cultivo y  por hora es lo que se requiere para duplicar la producción agrícola hacia 2025: debemos asegurar la velocidad y la intensidad del conocimiento para el futuro”.”, sintetizó Vilella.

En octubre del año pasado los Ing. Sebastián I. Senesi, Hernán Palau y Fernando Vilella presentaron un trabajo de investigación en un taller organizado por la Universidad de Sao Paulo, Brasil. La investigación presentada propone que los cambios institucionales en los últimos 20 años en la Argentina impactaron sobre las formas de producción, la inversión en tecnología y los arreglos organizacionales (contratos). Las distintas épocas y escenarios nos permiten explorar la diferencia institucional, organizativa y tecnológica, tratando de entender lo que pasó con el sector agrícola en términos de producción, la productividad, las inversiones, la sostenibilidad y las limitaciones.

El trabajo introduce que en la Argentina, tradicionalmente, la agricultura tuvo lugar en las pequeñas y medianas explotaciones familiares, utilizando la mayoría de su propia tierra, trabajo, capital y maquinaria agrícola. Los productores poseían suficiente equipamiento para hacer frente a todas las actividades necesarias del ciclo de producción. Esta tendencia fue casi similar en todos los países. Sin embargo, la forma de producir, administrar, la contratación y la organización de la agricultura en la Argentina han cambiado desde la década de 1990, momento en el cual se implementa el Plan de Convertibilidad, la apertura a las exportaciones y reducción de impuestos de exportación / importación, la disolución de las Juntas, privatizaciones de puertos y empresas estatales y vencimiento de la patente del glifosato. “Estas innovaciones generaron un ambiente de negocios con menor incertidumbre y una moneda competitiva a la hora de importar maquinaria, resultando en una mayor propensión a la inversión en tecnología de última generación”, a decir de los autores. Este sobredimensionamiento de maquinaria agrícola llevó a que actores del sistema decidan ampliar su escala productiva, tanto en sus zonas de influencia como en nuevas regiones, generándose nuevas formas organizacionales (formas híbridas informales y red de redes) en torno a contratos con dueños de tierra, proveedores de servicios e insumos, acopios, entre otros. La previsibilidad institucional, el nuevo paquete tecnológico (RR y siembra directa), las inversiones realizadas en puertos y empresas agroindustriales (aceiteras), y las formas contractuales establecieron un marco de competitividad sistémica que llevó a que la producción agrícola pasara de 35,5 millones de toneladas de granos en 1992 a 58,3 millones de toneladas en 2000, y que la superficie sembrada pase de 14,5 millones de hectáreas a 22,7 millones de hectáreas en el mismo período.

Posterior a este ambiente favorable, a partir de la crisis 2001/2002 existió  un escenario de  alta incertidumbre institucional (cambios continuos de las reglas de juego; retenciones) y organizacional (cambios en los contratos), generando altos costos de transacción en el sistema. Sin embargo, la devaluación permitió contar con costos internos de producción aptos para la producción agrícola y, aunque la inversión en maquinaria y tecnología se estancó justamente por la incertidumbre mencionada, la producción aumentó un poco en los primeros años desde la crisis, y volvió a tener una tendencia de crecimiento a partir de la campaña 2004/2005 (ver figura 1).

Figura 1. Producción de granos en la Argentina (período 1993/94-2009/10)

El aumento de la producción a partir de 2004 se debió principalmente a que en ese período la incertidumbre fue baja (a pesar de las retenciones) y la rentabilidad buena a muy buena (dependiendo de las regiones y los cultivos), generándose nuevas inversiones en maquinaria agrícola y aplicación de tecnologías (SD, soja RR, fertilización, mayor y mejor uso de agroquímicos, etc.). Pero además, personas externas al sistema empezaron a ver en el agro un ambiente seguro para la inversión a través de fondos comunes de inversión y fideicomisos, potenciando la expansión agrícola, la diversificación de las regiones productivas, el aumento de la productividad vía inversión en tecnología, etc. Además de las ya existentes formas híbridas, los fondos y fideicomisos aparecieron como nuevas formas organizacionales, donde no solo participaba “el hombre de campo”, sino también los bancos e inversores formaban parte del sistema mediante complejos arreglos contractuales.

A pesar de este ambiente de negocios favorable, a partir de 2007 se volvió a vivir nuevos cambios institucionales que impactaron sobre la producción y forma de organización de la agricultura. Los cambios en los porcentajes de los derechos de exportación y la instalación de la regulación del mercado de exportación de trigo y maíz provocaron alta incertidumbre institucional.

Hacia finales de 2007 y principios de 2008 el precio internacional (CBOT) de la soja -principal producto agrícola de la Argentina- superó 500 dólares por tonelada. Esto generó la intención del gobierno de establecer cambios en los derechos de exportación (Resolución 125/08) para todos los productos agrícolas: la aplicación de retenciones móviles (un aumento de los impuestos de exportación sobre la base de aumentos de precios internacionales), lo que significaba que el porcentaje de impuesto podía variar, ya que la tasa de retenciones a partir de dicha resolución se ajustaría a diario, de acuerdo con los avances de los precios internacionales. Esto representó una reducción de alrededor del 15% en el valor de girasol y soja. Después de muchas protestas y una fuerte resistencia de los líderes del sector agrícola, la resolución fue enviada al Congreso, donde se anuló.

Pero por otra parte, a partir de 2007 se comenzó a vivir un proceso de mayor inflación de los precios de los insumos en el mercado interno (gasoil, fertilizantes y agroquímicos, basado en el aumento de los precios internacionales), aumentando los costos de producción; y por el otro lado, la fuerte competencia entre las empresas (especialmente las formas híbridas mencionado antes) generó una competencia por los factores de producción (tierra), por lo que el valor de arrendamiento aumentó también.

A pesar del regreso a políticas de retenciones previas a las Resolución 125/08 y a la reducción de los precios internacionales de productos básicos, la profundización de las medidas intervencionistas en el mercado continuaron (restricciones a las exportaciones de trigo y maíz), y se presentaron proyectos de ley que aumentaron la incertidumbre en el sistema (nueva Ley de Arrendamiento, de Fondos Fiduciarios, etc.).

Por otro lado, muchas empresas internacionales o los bancos y los inversores individuales decidieron no continuar los contratos a nivel agro en la Argentina, o incluso reducir el nivel de inversiones, debido a la mayor incertidumbre del sistema. Por otra parte, la sequía vivida durante la campaña 2008/09 generó una reducción considerable de la producción agrícola (60 millones de toneladas). De esta forma, los productores y las formas híbridas mencionadas obtuvieron menos recursos financieros para la campaña 2009/2010, generándose nuevas formas contractuales: las empresas de trituración y exportadores empezaron a hacer contratos con los productores (con los grandes productores o con las redes), a partir de los cuales los productores recibieron insumos o dinero por adelantado para cubrir los gastos de la siembra del cultivo y pago de arrendamiento de las tierras. A las empresas de trituración y los exportadores se les aseguró el suministro de productos agrícolas, tanto para asegurar la materia prima para sus fábricas así como para cumplir con los contratos de exportación. Otro cambio en la organización fue hacia atrás: la coordinación vertical de la industria, que inició la siembra en tierras arrendadas y el uso de los servicios de contratistas. En este caso, la propia industria era el productor, asumiendo los riesgos de producción.

En la actualidad, la agricultura se enfrenta a nuevas incertidumbres institucionales. La ley de arrendamientos nueva no sólo prohíbe por un año los contratos, sino que no permite que una sola persona pueda alquilar grandes extensiones de producción (más de 10.000 hectáreas) y limita la posibilidad de participación de fondos fiduciarios en los contratos de producción.

Otros riesgos institucionales son los relacionados con las restricciones de exportación o cambios en los impuestos a la exportación. Como resultado, puede haber una tendencia a contratos de corta duración, con menos disposición a compartir información y tecnología, menores incentivos para la inversión y poco desarrollo de las acciones colectivas.

A entender de los autores, la descripción e interpretación de la adaptación de la organización podría ser útil para entender por qué la Argentina está en una posición única, no sólo por sus recursos naturales, sino también por la capacidad de los actores agrícolas para gestionar su negocio mediante el uso de diferentes tipos de contratos, ante distintas situaciones de cambio a nivel institucional.

A modo de conclusión, estas formas híbridas –que según algunos expertos representan el 60% del total de la producción nacional- generaron el marco necesario para la reducción de costos de transacción micro, en un marco de continuos cambios e incertidumbre a nivel institucional. Los contratos y las formas organizacionales descriptas –formas híbridas informales, redes de redes, fondos de inversión y fideicomisos- explican las diferentes formas de coordinar las transacciones en la agricultura argentina.